LEY DE EDUCACION SUPERIOR

proyecto de ley

s-4112/10

Con los senadores Blanca Monllau (FCC); José Cano, Ernesto Sanz, Eugenio Artaza, Mario Cimadevilla, Emilio Rached, Juan Carlos Marino, Alfredo Martinez, Arturo Vera, Luís Naidenoff, Roy Nikisch y Oscar Castillo (FCC)

Ley de Educación Superior Argentina

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1 – ALCANCES DE LA LEY

Artículo 1°: La presente Ley regula la creación, organización y funcionamiento de las instituciones de Nivel Superior: Institutos de Educación Superior e Instituciones Universitarias, públicas y privadas, de dependencia nacional, provincial o municipal.

Artículo 2°: La educación superior como bien público y derecho social es responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°: Las instituciones del Nivel Superior crean, producen, difunden y preservan el conocimiento y la cultura universal con referencia a los problemas argentinos y latinoamericanos como integrantes del sistema educativo, el científico tecnológico y el sistema cultural de la Nación.

Artículo 4°: La educación universitaria se desarrolla en instituciones universitarias de tres (3) tipos:

a) Universidades: aquellas instituciones que desarrollan su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines, estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes,

b) Institutos Universitarios: aquellas Instituciones que circunscriben su propuesta académica a una única área disciplinaria,

c) Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: aquellas Instituciones cuya propuesta académica se orienta a problemáticas específicas de la materia.

Las universidades e institutos universitarios pueden ser nacionales, privados reconocidos por el Estado nacional, provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los cuales integran el Sistema Universitario Nacional.

Artículo 5°: Las Instituciones de Educación Superior brindan formación docente para los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, formación técnico profesional de Nivel Superior y formación artística.

Artículo 6º: Las instituciones de educación superior dependientes de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán establecer las normativas necesarias a fin de facilitar la participación de docentes, graduados y estudiantes en:

a)  la planificación y evaluación de los programas académicos

b) la articulación de programas de estudio con el nivel superior universitario y con las necesidades vinculadas al desarrollo local y a las economías regionales

c) la organización de servicios de orientación vocacional y profesional

d) la asistencia integral a los alumnos para asegurar la igualdad de posibilidades educativas

e) la actualización normativa y organizacional.

CAPÍTULO 2- PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 7°: Las instituciones que conforman el sistema de educación superior se rigen por los siguientes principios:

a) La pluralidad de ideas y concepciones asegurando la más amplia libertad de expresión, investigación científica y docencia;

b) La función social de la enseñanza, la investigación y la extensión;

c) La vinculación permanente con la sociedad y el mundo del trabajo;

d) La articulación entre las instituciones del Nivel Superior y con los demás niveles y modalidades de la enseñanza a fin de asegurar la continuación de estudios y la movilidad de los estudiantes entre carreras e instituciones;

e) La coordinación y cooperación ínteruniversitaria a nivel nacional e internacional, especialmente con el MERCOSUR;

f) La gratuidad de la formación en los Institutos de Educación Superior y la formación de grado universitaria;

g) La excelencia y pertinencia académica;

h) La gestión democrática y colegiada;

i) La laicidad en la formación;

j) La valorización profesional de los docentes y del personal no docente

k) El desarrollo y la difusión de la cultura nacional, latinoamericana y universal en sus diversas expresiones que contribuyan a la formación de profesionales, científicos y técnicos concientes de su responsabilidad social;

l) La igualdad de oportunidades en el ingreso, promoción y niveles de calidad equivalentes.

m) La educación contínua a lo largo de toda la vida, así como la actualización permanente de sus destinatarios;

n) La autonomía institucional

o) La libre  agremiación de docentes, no-docentes

p) El derecho a la agremiación estudiantil

q) El ingreso directo de los alumnos una vez obtenido el título secundario; excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición podrán ingresar, siempre que demuestren a través de las evaluaciones que la respectiva institución establezca, que poseen preparación y/o experiencia acorde con los estudios que pretenden iniciar.

Artículo 8º: Los principios y propósitos expresados en los incisos f), h), i), n) y q) del artículo precedente no serán de cumplimiento obligatorio para las instituciones de Nivel Superior privadas.

CAPITULO 3 – FUNCIONES

Artículo 9°: Las Instituciones del Nivel Superior tienen por funciones:

a) La formación de pregrado, grado, posgrado y continua;

b) La investigación científica y tecnológica;

c) La extensión  y transferencia y,

d) La difusión de la cultura.

CAPITULO 4 – OBJETIVOS

Artículo 10°: Son objetivos de las Instituciones del Nivel Superior:

a) Promover ciudadanos comprometidos con la comunidad y el sistema democrático, con capacidad crítica frente a la sociedad y al Estado;

b) Promover los valores éticos de libertad, igualdad, solidaridad, no discriminación y el respeto por los derechos humanos y el mantenimiento de la memoria colectiva;

c) Formar profesionales en las distintas áreas del conocimiento,

d) Generar, desarrollar, trasmitir  y difundir el conocimiento mediante la docencia, la investigación científica y tecnológica y la extensión;

e) Incorporar,  en los programas y proyectos de investigación, a docentes jóvenes y a estudiantes.

f) Formar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo;

g) Contribuir al desarrollo de la enseñanza  en todos los niveles educativos a partir de la transferencia de conocimientos  y la creación de establecimientos educativos de carácter experimental pedagógico;

h) Contribuir al desarrollo social, cultural, económico, científico, tecnológico y artístico de la Nación y la Región;

i) Formar ciudadanos comprometidos con la preservación del ambiente.

CAPITULO 5 – ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA

Artículo 11°: Corresponde al Ministerio de Educación de la Nación, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires participar en la formulación de las políticas generales en materia de educación superior, asegurando la participación de los órganos de coordinación previstos en la presente ley, respetando el régimen de autonomía establecido para las instituciones universitarias nacionales.

Artículo 12°: Los órganos de coordinación de la educación superior, en sus respectivos ámbitos son:

-          el Consejo Nacional para la Planificación de la Educación Superior;

-          el Consejo Nacional de Universidades;

-          el Consejo Interuniversitario Nacional y

-          el Consejo de Rectores de Universidades Privadas.

Artículo 13°: El Consejo Nacional para la Planificación de la Educación Superior (CoNPES) estará integrado por veinte (20) miembros, presidido por el Ministro de Educación de la Nación e integrado por los Secretarios de Políticas Universitarias y de Educación; los Directores del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación de la Nación y del Instituto para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional (IDEUN); por un (1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; seis (6) representantes del Congreso de la Nación (tres por cada Cámara en razón de dos por la mayoría y uno por la primera minoría); un (1) representante del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación; un (1) representante del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional; un (1) representante de la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas; un (1) representante de las entidades gremiales de los docentes universitarios; un (1) representante de la Federación Universitaria Argentina; un (1) representante de las entidades gremiales de los no docentes universitarios y un (1) representante por las organizaciones sindicales de docentes de los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnico Profesional. El CoNPES es un organismo descentralizado y contará con presupuesto propio asignado a tal fin en el Presupuesto anual General de la Administración Pública Nacional

Artículo 14°: Son funciones del CoNPES:

a) Proponer la definición de lineamientos generales para las políticas y estrategias de desarrollo y expansión del Nivel Superior en todo el territorio nacional;

b) Coordinar la articulación entre las instituciones que componen el Nivel Superior, configurando programas de movilidad estudiantil, de retención de alumnos y desarrollo de ciclos comunes;

c) Planificar la oferta de educación del Nivel Superior, de acuerdo con las necesidades de desarrollo nacional;

d) Elaborar un Informe bienal sobre la evolución del Nivel Superior y elevarlo al Congreso Nacional a través del Ministerio de Educación de la Nación;

e) Dictar su reglamento interno;

f) Considerar toda cuestión pertinente al ámbito de su competencia que le sea sometida.

Artículo 15°: El Consejo Nacional de Universidades (CNU) estará integrado por 20 miembros. Un (1) representante del Ministerio de Educación de la Nación, un (1) representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; diez (10) rectores de Universidades Nacionales designados por el Consejo Interuniversitario Nacional; cinco (5) rectores de Universidades Privadas a propuesta del Consejo de Rectores de Universidades Privadas;  un (1) representante designado por la Federación Universitaria Argentina; un (1) representante designado por el sector gremial docente y un (1) representante designado por el sector gremial no-docente. El Consejo Nacional de Universidades será presidido por el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación.

Artículo 16°: Son funciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU):

a) Proponer la definición de políticas y estrategias de desarrollo universitario;

b) Coordinar la planificación de actividades entre las instituciones universitarias;

c) Proponer a la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria estándares e indicadores para la acreditación de carreras de grado y posgrado a través de la recepción de propuestas por parte del CIN, Consejos Superiores y Consejos Directivos, Académicos o equivalentes, garantizando la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria;

d) Encomendar la elaboración de estudios, realizar reuniones y seminarios y organizar comisiones de trabajo sobre temas vinculados con sus funciones;

e) Dictar su reglamento interno y,

f) Considerar toda cuestión pertinente al ámbito de su competencia que le sea sometida.

Artículo 17°: El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene como misión la coordinación y consulta sobre políticas del sector entre las instituciones universitarias públicas y con los distintos niveles del sistema educativo y el científico-tecnológico. Las instituciones universitarias podrán adherirse a este organismo libremente en el marco de su autonomía y estará integrado por los Rectores o Presidentes de las instituciones universitarias nacionales y provinciales reconocidas por la Nación, que estén definitivamente organizadas. Dictará su propio reglamento interno pudiendo prever organismos regionales de coordinación.

Artículo 18°: Son funciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN):

a) Coordinar las políticas académicas, de investigación y de extensión de las instituciones universitarias entre sí con los distintos niveles y jurisdicciones del sistema educativo y con los organismos de la cultura y del sistema científico tecnológico;

b) Designar los representantes al Consejo Nacional de Universidades;

c) Participar en la definición de políticas para este nivel de enseñanza;

d) Dictaminar sobre la creación de nuevas instituciones universitarias públicas;

e) Elevar al Poder Ejecutivo de la Nación y gestionar la aprobación de los presupuestos universitarios y participar en la discusión sectorial del presupuesto nacional;

f) Proponer al CNU estándares e indicadores para la evaluación y acreditación de las carreras de grado y posgrado;

g) Promover políticas de vinculación con instituciones universitarias extranjeras;

h) Acordar criterios de coordinación y complementación de los Planes de Desarrollo  y Mejoramiento  de las Instituciones Universitarias Nacionales;

i) Acordar criterios de evaluación externa de las Instituciones Universitarias Nacionales, articulados con los procesos permanentes de evaluación interna de cada institución;

j) Participar en la determinación de las políticas salariales e intervenir en la  negociación colectiva;

k) Prestar el asesoramiento que le sea requerido, por parte del Ministerio de Educación de la Nación y,

l) Pronunciarse en otros asuntos sobre los cuales se solicite su intervención conforme a la presente ley.

Artículo 19°: Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) es el órgano de coordinación y consulta de las universidades privadas, y estará integrado por los Rectores o Presidentes de las instituciones universitarias privadas y dictará su propio reglamento de funcionamiento.

Artículo 20°: Son funciones del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP):

a) Coordinar los planes y actividades en materia académica, de investigación científica y de extensión entre de las instituciones universitarias privadas;

b) Designar los representantes al CNU;

c) Participar en la definición de políticas para este nivel de enseñanza;

d) Proponer al CNU estándares e indicadores para la evaluación y acreditación de las carreras de grado y posgrado, y

e) Pronunciarse en aquellos otros asuntos sobre los cuales se requiera su intervención conforme a la presente ley.

CAPITULO 6 – GARANTÍA DE CALIDAD

Artículo 21°: Con el fin de asegurar tanto la igualdad efectiva de oportunidades como la excelencia educativa, el Estado debe garantizar la obtención de los mejores resultados individuales y sociales en la educación de todos los alumnos de Nivel Superior. A tal fin, se deberá analizar la calidad de las instituciones y carreras desde la perspectiva de su función social, su vinculación con las necesidades regionales y nacionales y su compromiso con el desarrollo del conocimiento, de la sociedad y de la producción. También deberán tenerse en cuenta los contextos regionales y el respeto a la diversidad de los grupos y los individuos a los que atienden las Instituciones del Nivel Superior.

Artículo 22°: La garantía de calidad debe extenderse a todas las sedes, programas y carreras a través de procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras que tendrán carácter público y se realizarán con la participación, en sus distintas etapas, del Nivel Superior, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional para la Planificación de la Educación Superior.

Artículo 23°: Las instituciones del Nivel Superior deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento, determinando los objetivos y metodologías pertinentes. El mismo abarcará el nivel de unidad académica – docencia, investigación y extensión – y el nivel institucional–administración y gestión. La evaluación interna debe garantizar la participación de todos los claustros de la comunidad universitaria, siendo los mismos un acto público. Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como mínimo cada seis (6) años. Abarcarán las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las instituciones del Nivel Superior públicas, también la gestión institucional. Las evaluaciones externas, estarán a cargo de la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria (ANCEU) o de la Agencia Nacional de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior (ANCIES), según corresponda; y deberán cumplir con los lineamientos generales establecidos en el artículo anterior. Las recomendaciones para el mejoramiento institucional que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público.

Artículo 24° : Créase la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria que estará integrada por 15 (quince) miembros, de los cuales el Presidente y 3 (tres) vocales serán Rectores de Universidades Nacionales designados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)  y el Vicepresidente y 5 (cinco) vocales por el Congreso de la Nación (tres por cada una de las Cámara en razón de dos por la mayoría y uno por la minoría), 1 (uno) vocal será propuestos por el Ministerio de Educación de la Nación , 1 (uno) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), 1 (uno) por el Consejo Federal de Educación, 1 (uno) por el Gremio Nacional de Docentes, y uno (1) por la Federación Universitaria Argentina. Durarán 4 años en sus funciones, excepto el miembro por la FUA que durará 2 años. Los miembros designados por el Ministerio deberán provenir de Universidades Nacionales y con experiencia de gestión.

Artículo 25°: La ANCEU tiene por funciones:

a)       Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 22;

b)      Fijar los criterios y metodologías de evaluación externa, las que deberán articularse con los modelos de evaluación interna definidos por cada una de las Universidades.

c)       Acreditar las carreras de grado a las cuales se refiere el artículo 34, así como las carreras de posgrado, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca el Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria en acuerdo con el CNU;

d)      Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere para que el Ministerio de Educación de la Nación autorice la puesta en marcha de una nueva institución universitaria nacional con posterioridad a su creación o el reconocimiento de una institución universitaria provincial y,

e)      Preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria y el reconocimiento definitivo de las instituciones universitarias privadas, así como los informes en base a los cuales se evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas instituciones.

Artículo 26º: Los ejes a  considerar en la evaluación de las Universidad serán los siguientes:

a)       La definición de su función como herramienta estratégica del Estado para el desarrollo nacional independiente,

b)      El modo en que la institución adquiere, se apropia o genera conocimientos socialmente significativos y la forma en que los transmite,

c)       Los métodos que usa para formar profesionales o investigadores con sentido crítico,

d)      La forma de integrarse al medio y contribuir a su desarrollo.

Artículo 27°: Créase en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación, la Agencia Nacional de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior (ANCIES) como organismo descentralizado. Estará integrada por doce (12) miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los siguientes organismos: once (11) por el Consejo Federal de Educación y uno (1) por el Ministerio de Educación de la Nación. Durarán en sus funciones cuatro años, con sistema de renovación parcial y una única posibilidad de reelección. En todos los casos deberá tratarse de personalidades de reconocida trayectoria académica, científica o de gestión educativa. El desempeño en la Agencia sólo será compatible funcionalmente con el ejercicio de la docencia en el Nivel Superior y la pertenencia a la carrera del investigador científico. Será presidida por uno de los miembros propuesto por el Consejo Federal de Educación.

Artículo 28°: La ANCIES tiene por funciones:

a)       Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 22;

b)      Evaluar y Acreditar las carreras de formación de las Instituciones de Educación Superior, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca el Consejo Federal de Educación;

c)       Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones, en todo lo que no resulten de aplicación las disposiciones específicas referidas a las Instituciones de Educación Superior de la Ley N° 26.206.

d)      Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere para que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  autoricen la puesta en marcha de una nueva institución de educación superior.

CAPITULO 7 – RÉGIMEN DE TÍTULOS

Artículo 29°: Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de especialista, magíster y doctor.

Artículo 30°: Las carreras de posgrado se desarrollarán exclusivamente en instituciones universitarias, y con las limitaciones previstas en el artículo precedente podrá también desarrollarse en centros de investigación e instituciones de formación profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscrito convenios con las Instituciones Universitarias a esos efectos. Las carreras de posgrado -sean especialización, maestría o doctorado- deberán ser acreditadas por la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria. Para acceder a la formación de posgrado se requiere contar con título de grado y se podrá exceptuar de tal requisito a los aspirantes que no reúnan tal condición previa evaluación por parte de las Instituciones Universitarias respectivas.

Artículo 31°: El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación con mención específica de la modalidad y en la sede en que se imparten los cursos o carreras y previa verificación de las condiciones institucionales y de la formación, a cuyo fin el Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo con el CNU dictará la reglamentación respectiva. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez nacional.

Artículo 32°: Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo con el CNU.

Artículo 33°: Toda oferta de grado o posgrado destinada a instrumentarse total o parcialmente fuera de la sede central de la institución universitaria deberá contar con un reconocimiento oficial otorgado especialmente al efecto, previo convenio entre las instituciones universitarias involucradas. Las mismas deben garantizar los mismos principios y funciones, en el marco de lo prescripto por la presente ley, así como impartir la formación de acuerdo a los criterios de calidad existentes en la sede central.

Artículo 34°: Todas las carreras de grado y posgrado deberán pasar por procesos de evaluación periódica de acuerdo con pautas establecidas por las instituciones. Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado o a profesiones que resulten de importancia crítica para el desarrollo nacional, se requerirá que se respeten, además de los criterios a los que se hace referencia en el artículo anterior, los siguientes requisitos:

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria, en acuerdo con el CNU.

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria.

El Ministerio de Educación en acuerdo con el CNU determinará y revisará periódicamente, con criterio restrictivo, la nómina de carreras comprendidas.

Artículo 35°: el régimen de títulos correspondiente a las Instituciones de Educación Superior estará normado por lo establecido al respecto en las leyes 26.058 y 26.206. Para el otorgamiento de la validez nacional de los títulos por parte del Ministerio de Educación de la Nación, las carreras de las mismas deben estar acreditadas por la Agencia Nacional de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior en base a los estándares elaborados para tal fin por el Consejo Federal de Educación.

TITULO II

LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES

CAPITULO 1 – DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 36°: Las Instituciones Universitarias Nacionales sólo pueden crearse por Ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario necesario y suficiente para sus prácticas autónomas y en base a un estudio de factibilidad que avale el anteproyecto institucional fundante y requerirá de informes previos favorables del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo Nacional para la Planificación de la Educación Superior, con expreso tratamiento y consideración en materia de planificación regional y nacional. El cese de tales instituciones se producirá también por ley, dicho proceso requerirá de un informe del Consejo Interuniversitario Nacional.

Artículo 37°: Creada una institución universitaria, el Ministerio de Educación de la Nación designará un rector-organizador a propuesta del CIN, con las atribuciones propias del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior. El rector-organizador conducirá el proceso de formulación del proyecto institucional y del estatuto provisorio y los pondrá a consideración del Ministerio de Educación de la Nación con la consulta al Consejo Interuniversitario Nacional para su dictamen, aprobación o indicación de observaciones, las que deberán ser rectificadas para su posterior publicación. La nueva institución deberá quedar normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación.

Artículo 38°: Las instituciones universitarias nacionales, conforme a su categoría de autonomías institucionales especiales, son personas jurídicas de derecho público, que integran, con otros órganos del Estado Nacional, la administración especial del Estado, sin relación funcional centralizada, descentralizada, ni jerárquica, con otros órganos del Estado Nacional. Se organizan y rigen de acuerdo a las prescripciones de la presente ley y los estatutos y normas derivadas que en consecuencia, cada una de ellas establezca.

Artículo 39°: La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional y de conformidad a la presente Ley reconoce a las Instituciones Universitarias Nacionales, exceptuando a los Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el derecho a:

a)       Dictar y reformar sus estatutos y demás normas de funcionamiento y organización respetando la Constitución Nacional y las Leyes que entrarán a regir, en las condiciones que los mismos establezcan, una vez publicados por la Institución Universitaria Nacional, en el Boletín Oficial de la Nación;

b)      Crear sus órganos de gobierno y establecer sus competencias;

c)       Crear, organizar y desarrollar sus programas académicos y estructuras específicas de docencia e investigación;

d)      Aprobar sus planes de estudio;

e)      Establecer la admisión, régimen de permanencia, evaluación y promoción de sus estudiantes, así como el régimen de equivalencias que aseguren la igualdad de oportunidades. En el caso de la admisión, la misma no podrá interponer mayores condiciones o requisitos que los establecidos en el art. 7, inc “q” de la presente ley;

f)         Definir y organizar sus tareas formativas, académicas, docentes, científicas y culturales;

g)      Expedir títulos académicos y habilitantes de acuerdo con las previsiones de la presente ley;

h)       Revalidar títulos extranjeros;

i)         Formular Planes de Desarrollo y Mejoramiento Institucional para ser elevados al Ministerio de Educación Nacional previo informe del CIN;

j)         Seleccionar y designar a sus docentes por medio del concurso público y abierto de antecedentes y oposición, para el ingreso y ascenso en la carrera docente, con permanencia posterior sujeta a periodicidad y evaluación, conforme se establezca estatutariamente;

k)       Seleccionar y designar al personal administrativo y técnico de acuerdo con lo establecido en sus regímenes laborales;

l)         Elaborar sus presupuestos y administrar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y función institucional;

m)     Prever la constitución de tribunales universitarios, que tendrán por función sustanciar procedimientos y entender en toda cuestión ético-disciplinaria en que estuviera involucrado personal docente;

n)       Mantener relaciones de carácter educativo, científico y cultural con otras instituciones del país y del extranjero;

Artículo 40°: Las Instituciones Universitarias sólo podrán ser intervenidas por ley de la Nación, por plazo determinado – no superior a seis meses- y sólo por alguna de las siguientes causas:

a) Conflicto institucional insoluble y cuya gravedad impida su funcionamiento;

b) Manifiesto incumplimiento de la presente ley;

La intervención tendrá como único objetivo restablecer el funcionamiento institucional y no podrá menoscabar la autonomía académica.

Artículo 41°: Queda prohibido el ingreso de la fuerza pública en los recintos universitarios, salvo solicitud expresa de las autoridades universitarias u orden escrita y motivada de juez competente.

Artículo 42°: Contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales impugnadas con fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, solo podrán interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en lo contencioso administrativo del lugar donde tiene su sede principal la institución universitaria.

Artículo 43°: Los estatutos, así como sus modificaciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. En el caso de que el Ministerio de Educación de la Nación considerara que los mismos no se ajustan a las normas legales vigentes deberá proceder, después de su publicación, de acuerdo con lo establecido por el artículo precedente.

CAPITULO 2 – GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS

Art. 44°: Los órganos de gobierno  y administración de las universidades nacionales son la Asamblea Universitaria; el Consejo Superior y los Consejos Académicos, Directivos o equivalentes.

Art. 45°: La Asamblea Universitaria es el órgano supremo de gobierno de la Universidad Nacional, encargada de dictar y reformar sus estatutos e interpretar sus disposiciones; definir la política universitaria y ejercer las restantes atribuciones que le asigne el estatuto y aquellas no previstas en él, ni atribuidas a ningún otro órgano. Las atribuciones de la Asamblea Universitaria previstas en esta ley y en el estatuto universitario son indelegables.

Artículo 46°: Los órganos de cogobierno de la Universidad deberán integrarse con representantes de los cuatro estamentos que forman la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, graduados y no docentes. En todos los casos, se debe garantizar que ningún claustro alcance el cincuenta por ciento (50%) de los miembros del cuerpo. Los estatutos establecerán las condiciones que deben reunir los representantes de cada estamento para ser electos, sus funciones y la duración de sus mandatos.

Artículo 47º: El consejo superior es presidido por el Rector o Presidente de la Universidad, y los consejos académicos o directivos por los Decanos. Ejercerán las funciones de gobierno que establezcan los respectivos estatutos.

Artículo 48°: Los mandatos de los consejeros estudiantiles, docentes, graduados y no docentes en el gobierno de las universidades nacionales serán periódicos y su duración y alternancia será determinada por los estatutos de cada universidad.

CAPÍTULO 3 – CALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

Artículo 49°: Crease en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación, el Instituto para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional (IDEUN), como organismo desconcentrado destinado a la implementación de políticas de desarrollo y mejoramiento integral del sistema universitario a través de la promoción y apoyo de acciones tendientes a la mejora de la calidad y pertinencia de las instituciones universitarias nacionales.

Artículo 50°: El gobierno y administración del Instituto para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional y Regional estará a cargo de un Directorio integrado por el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, dos (2)  vocales designados por el Ministerio de Educación de la Nación y cuatro (4) vocales designados por el CIN. El Ministerio antes citado, dictará las normas reglamentarias correspondientes.

Artículo 51°: Son objetivos de la política para el desarrollo integral del sistema universitario:

a)       Promover el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza a través del desarrollo de estrategias que faciliten el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario; el logro de una formación básica sólida; y el logro de niveles de calidad equivalentes en distintas instituciones de diferentes subsistemas;

b)      Mejorar los mecanismos de vinculación entre las Instituciones Universitarias y la sociedad, y fomentar la integración sistemática de las mismas en las redes de actores para el desarrollo local a través de acciones de extensión y voluntariado social universitario;

c)       Promover la integración del sistema de educación superior, mediante la articulación entre Instituciones Universitarias y entre éstas e Instituciones de Educación Superior y con el nivel de educación secundaria a fin de facilitar la movilidad de los estudiantes; la ampliación de las oportunidades educativas de jóvenes de distintas localidades del país que no cuentan con oferta de carreras universitarias en su área de influencia y la continuación de estudios en distintos momentos de la vida;

d)      Propiciar procesos de articulación curricular y de cooperación interinstitucional e interdisciplinar que posibiliten un uso más eficiente de los recursos, favorezcan la coherencia interna del currículo y la colaboración interdisciplinaria, la transferencia y la permeabilidad curricular;

e)      Promover el desarrollo de proyectos que mejoren la transferencia de la investigación al sector productivo, principalmente a la Pymes a través de  mecanismos tales como los parques científicos tecnológicos y las incubadoras de empresas;

f)         Preparar y actualizar los Planes de Desarrollo y Mejoramiento Institucional a través de los cuales las instituciones buscarán mejorar el cumplimiento de sus funciones y para los cuales contarán con financiamiento específico;

g)      Apoyar el diseño e implementación de proyectos de desarrollo, cambio y reforma tendientes al mejoramiento de la calidad de las carreras y las instituciones;

h)       Financiar acuerdos plurianuales que realizará el Ministerio de Educación de la Nación con el CIN para la promoción, apoyo y financiamiento de carreras de grado y posgrado en áreas prioritarias y de vacancia nacional y regional, promoviendo su creación, sostenimiento y el acceso;

i)         Realizar estudios e investigaciones sobre  el  seguimiento de la inserción de profesionales; la vinculación de las instituciones universitarias con el aparato productivo; el mapa de la oferta de educación superior; los análisis de costos e inversiones y los estudios de demanda de la educación superior.

a)       Artículo 52°: A través del Instituto para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional, se asignarán recursos a las instituciones universitarias nacionales mediante:

a)       Proyectos especiales dirigidos al desarrollo de líneas estratégicas de políticas públicas para el sistema universitario.

b)      Contratos de Programas Plurianuales celebrados con las instituciones universitarias nacionales en ejercicio de su autonomía y en el marco de su Plan Estratégico para el financiamiento de su proyecto de desarrollo institucional que deberá tener en cuenta necesidades nacionales y regionales prioritarias, y las mejoras recomendadas en los procesos de evaluación externa y acreditación de carreras.

Artículo 53°: El Instituto para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional se financiará, principalmente, con fondos específicos provenientes del Tesoro Nacional.

CAPITULO 4 – REGIMEN PATRIMONIAL Y DE RECURSOS

Artículo 54°: El Estado Nacional deberá asegurar un aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales no menor al uno y medio por ciento (1,5%) del Producto Bruto Interno para garantizar su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines y funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación. El porcentaje del presupuesto nacional asignado a las universidades nacionales en ningún caso podrá ser inferior al establecido en el año anterior porcentual o nominalmente, el que fuere mayor. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta pautas objetivas concertadas con el CIN y se incorporarán gradualmente estrategias de financiamiento de planes de mejoramiento, concertados con las instituciones, en el marco de los Planes de Desarrollo y Mejoramiento Institucional a los que se refiere el artículo 51 y 52. En ningún caso el aporte del Tesoro Nacional podrá ser disminuido como contrapartida de la generación de recursos complementarios por parte de las instituciones universitarias nacionales.

Artículo 55°: Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera. En ese marco corresponde a dichas instituciones:

a)       Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente;

b)      Fijar el régimen de administración de personal;

c) Dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, respetando la gratuidad de la formación de grado. Los recursos adicionales deberán destinarse prioritariamente a becas de grado y posgrado;

d)      Garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, de acuerdo con las normas que dicten sus Consejos Superiores y a la legislación vigente;

e)      Constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877;

f)         Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación. El Rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación. En ningún caso el Estado Nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional.

Artículo 56°: A fin de procurar la equidad y la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso y permanencia en los estudios, se deberá  prever regímenes de becas. El Estado nacional creará un Fondo no inferior al 5% del presupuesto universitario total para aplicarlo al financiamiento de las becas destinadas a aquellos estudiantes socialmente más necesitados.

Artículo 57°: Las Instituciones Universitarias Nacionales deberán contar con un órgano interno que efectúe el control económico, financiero, presupuestario y de gestión de las mismas, con capacidad para proponer acciones correctivas, debiendo estar dotado de los recursos necesarios para garantizar su correcto desempeño.

Artículo 58°: El control externo de las Instituciones Universitarias Nacionales será competencia de la Auditoria General de la Nación.

Artículo 59°: Las instituciones universitarias nacionales serán consideradas oferentes necesarias y preferenciales en los procesos de contratación de servicios técnicos o de consultoría que requieran los organismos comprendidos en el artículo 8 de la ley 24.156.-

TITULO III

DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, GRADUADOS Y NO DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES

CAPÍTULO 1 – DE LOS DOCENTES

Artículo 60°- Son derechos específicos de los docentes pertenecientes al régimen público de Universidades Nacionales:

a)       La libertad de cátedra.

b)      Un salario digno.

c)       Condiciones adecuadas de trabajo.

d)      Convenio colectivo de trabajo con nomenclador único de sueldos dentro de su jurisdicción.

e)      Participación en los órganos gobierno de las instituciones a través de un claustro único.

f)         Concursar su cargo.

Artículo 61°: Todo cargo docente y de investigador debe obtenerse por un régimen de concurso público de antecedentes y oposición que garantice la aptitud docente y científica de los aspirantes. En el caso de los estatutos universitarios, deberán garantizar el régimen de los concursos  para el ejercicio de la función docente y reglamentarán las condiciones para la permanencia de los docentes en los cargos garantizando la incorporación de los estudiantes como jurados con voz y voto.

Artículo 62°: La evaluación periódica sobre el desempeño docente será establecida en el estatuto de cada universidad, la misma deberá contemplar tanto su desempeño académico como pedagógico y didáctico. El proceso de evaluación debe garantizar la participación estudiantil con voz y voto.

Artículo 63°: Los procesos de juicio académico destinado a sustanciar la solicitud de remoción de docentes será establecida en el estatuto de cada universidad. El proceso de evaluación debe garantizar la participación estudiantil con voz y voto.

CAPÍTULO 2  – DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 64°- Son derechos específicos de los estudiantes pertenecientes al régimen de Universidades Nacionales:

a)       El ingreso directo para todos aquellos que hubiesen aprobado estudios de nivel inmediato anterior respectivos. Cada institución podrá establecer cursos, seminarios u otras modalidades al inicio de la carrera con el objeto de constituir una base de formación general, siempre que no impliquen restricciones al ingreso.

b)      La gratuidad de los estudios de grado.

c)       Participar en los órganos de  gobierno de las instituciones.

d)      Garantizar la asociación automática al centro de estudiantes único de su facultad, en el marco de una federación por universidad, y teniendo a la Federación Universitaria Argentina (FUA) como única entidad nacional representativa del estudiantado universitario del país.

e)      Recibir orientación para el adecuado uso de la oferta diversificada de los servicios de educación.

f)         Acceder a todo tipo de información, material de estudio, bibliográfico y de investigación.

g)      Obtener becas, subsidios u otros mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los estudios de grado como así también el acceso a la docencia.

h)       Recibir ayuda psicopedagógica en caso de presentar dificultades en el proceso académico.

i)         Participar como jurados en los concursos docentes.

CAPÍTULO 3 – GRADUADOS

Artículo 65°- Son derechos específicos de los graduados pertenecientes al régimen de Universidades Nacionales:

a)       La participación en los órganos de gobierno de las instituciones a través de un claustro único.

b)      La vinculación permanente a través de estudios de postgrado y otros cursos de perfeccionamiento dictados en instituciones pertenecientes al régimen estatal de educación superior, promoviendo su formación integral, la profundización de su saber específico y la actualización profesional tendientes a la formación continua para el desarrollo y la integración social

c)       La participación en los Consejos de Graduados que cada Universidad  organizará de acuerdo a lo que dicten sus estatutos, tendiente a la vinculación permanente entre graduados y Universidad para colaborar con el desarrollo y el progreso de la región, como también en la actualización y el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.

CAPÍTULO 4 – NO DOCENTES

Artículo 66°- Son derechos específicos del personal no-docente perteneciente al régimen público de Universidades Nacionales:

a)       La carrera no-docente.

b)      Un salario digno.

c)       Condiciones adecuadas de trabajo.

d)      Convenio colectivo de trabajo con nomenclador único de sueldos dentro de su jurisdicción.

e)      Participación en los órganos de gobierno de las instituciones a través de un claustro único.

f)         Compatibilizar los horarios de trabajo para completar sus estudios primarios, secundarios o universitarios.

Artículo 67° – Todo cargo no-docente debe obtenerse por un régimen de concurso público que garantice la aptitud de los aspirantes. Los estatutos universitarios, deberán garantizar el régimen de concursos  y el régimen de las relaciones laborales, garantizando los derechos constitucionales a los trabajadores y leyes laborales vigentes.

TITULO IV

DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PRIVADAS

CAPITULO 1 – REQUISITOS PARA SU CREACIÓN

Artículo 68°: Las instituciones universitarias privadas deberán constituirse como entidades sin fines de lucro, con personería jurídica propia y específica. Serán autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional que admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) años, con indicación expresa de las carreras, grados y títulos que la institución puede ofrecer y expedir, y previo informe favorable del Consejo Nacional para la Planificación de la Educación Superior  y de la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria, la que deberá examinar los siguientes aspectos:

a)       La responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de las entidades sin fines de lucro;

b)      La viabilidad y consistencia del proyecto institucional y académico así como su adecuación a los principios y normas de la presente ley;

c)       El nivel académico del cuerpo de docentes con el que se contará inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia universitaria;

d)      La calidad y actualización de los planes de enseñanza e investigación propuestos;

e)      Los medios económicos, el equipamiento y la infraestructura de que efectivamente se dispongan para posibilitar el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión. Estos fondos deberán asegurar el funcionamiento de las instituciones por un período de cinco años, con independencia de los ingresos que se obtengan por matrícula y,

f)         Su vinculación internacional y la posibilidad de concretar acuerdos y convenios con otros centros universitarios del mundo;

Artículo 69°: Durante el período de autorización provisoria, los establecimientos deberán dejar constancia expresa de su carácter provisorio en toda documentación o publicidad que realicen.

Artículo 70°: La autorización definitiva será concedida por Ley del Congreso de la Nación, previo dictamen de la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria. La misma será concedida una vez finalizado un ciclo completo de estudio para todas las carreras cursadas y en función del seguimiento y evaluación realizados sobre la base del cumplimiento de los objetivos institucionales, del nivel académico y pedagógico y de los recursos económicos e infraestructura que posibiliten el normal desarrollo de las tareas docentes, de investigación y extensión.

Artículo. 71°: Las universidades privadas deberán constituir sus estatutos y normativas internas de acuerdo a lo prescripto en la presente ley.

CAPITULO 2 – MECANISMOS DE CONTROL DE SU FUNCIONAMIENTO

Artículo 72°: Durante el lapso de funcionamiento provisorio:

a)       El Ministerio de Educación de la Nación, hará un seguimiento de la nueva Institución a fin de evaluar, sobre la base de informes de la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria, su nivel académico y el grado de cumplimiento de sus objetivos y planes de acción.

b)      Toda modificación de los estatutos, creación de nuevas carreras, cambio de planes de estudio, requerirá autorización del citado Ministerio.

c)       En todo documento oficial o publicidad que realicen las instituciones deberán dejar constancia expresa del carácter de la autorización con que operan.

El incumplimiento de las exigencias previstas en los incisos b) y c) dará lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar al retiro de la autorización provisoria concedida.

Artículo 73°: El Ministerio de Educación de la Nación fiscalizará su funcionamiento con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones de su autorización. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar hasta la clausura definitiva.

Artículo 74°: Las resoluciones denegatorias del reconocimiento definitivo, así como las que dispongan su postergación, retiro o el de la autorización provisoria, serán recurribles ante la Cámara Federal con competencia en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción de la institución de que se trate, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la decisión que se recurre.

Artículo 75°: Los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido legalmente autorizada no podrán usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o grados de carácter universitario. La violación de esta norma dará lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar a la clausura inmediata y definitiva de la entidad y a la inhabilitación de los responsables para ejercer la docencia, así como para desempeñar la función pública o integrar órganos de gobierno de instituciones de educación superior.

TITULO V

DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PROVINCIALES

Artículo 76°: Las Instituciones Universitarias creadas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) integran el sistema de educación superior.

Artículo 77°: A los fines del reconocimiento nacional de los títulos expedidos por las Instituciones Universitarias provinciales y de la CABA deberán adecuar su oferta académica a los previsto en los artículos 31, 32 y 34 y obtener el reconocimiento del PEN previo informe favorable de la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria y del Consejo Nacional para la Planificación de la Educación Superior.

Artículo 78°: El informe que elabore la Agencia deberá evaluar:

a)       La viabilidad y consistencia del proyecto institucional y académico así como su adecuación a los principios, objetivos y normas de la presente ley;

b)      El nivel académico del cuerpo de docentes con el que se contará inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia universitaria;

c)       La calidad y actualización de los planes de enseñanza e investigación propuestos;

d)      El equipamiento y la infraestructura de que efectivamente se dispongan para posibilitar el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión y,

e)      Su vinculación internacional y la posibilidad de concretar acuerdos y convenios con otros centros universitarios del mundo.

TITULO VI

DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS EXTRANJERAS

Artículo 79°: Las instituciones universitarias extranjeras que pretendan instrumentar ofertas educativas de ese nivel en el país deberán solicitar el reconocimiento legal de su personería jurídica por los mecanismos establecidos por la legislación vigente y luego someterse a los procedimientos aplicables al otorgamiento de la autorización para el funcionamiento de instituciones universitarias privadas.

Artículo 80°: Otorgada en forma la autorización para el funcionamiento de una institución universitaria extranjera por los procedimientos indicados en el artículo anterior, la misma quedará sujeta a las exigencias, condiciones y mecanismos de control y seguimiento establecidos por la normativa aludida, gozando a partir de ese momento de los mismos derechos y facultades de las instituciones universitarias legalmente autorizadas por dicho mecanismo.

Artículo 81°: En la consideración de las solicitudes de autorización por parte de los organismos competentes, se podrá tener en cuenta el resultado de procesos de evaluación efectuados por agencias de reconocido prestigio, así como los antecedentes nacionales e internacionales de la institución solicitante.

TITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 82°: Las instituciones universitarias nacionales adecuarán sus estatutos a las disposiciones de la presente ley, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de ésta.

Artículo 83°: Los titulares de los órganos de gobierno de las instituciones universitarias nacionales, elegidos de acuerdo a los estatutos vigentes al momento de la sanción de la presente ley, continuarán en sus cargos hasta la finalización de sus respectivos mandatos.

Artículo 84°: Se disuelve la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Su estructura y presupuesto serán absorbidos por la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria.

Los miembros de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria designados de acuerdo a lo previsto por el artículo 47 de la Ley Nº 24.521 y sus decretos reglamentarios continuarán en sus cargos hasta la finalización de sus respectivas designaciones.

Artículo 85°: Derogase la ley 24.521 y sus modificatorias.

Artículo 86°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

Senadores Blanca Monllau (FCC); José Cano, Ernesto Sanz, Eugenio Artaza, Mario Cimadevilla, Emilio Rached, Juan Carlos Marino, Alfredo Martinez, Gerardo Morales, Arturo Vera, Luís Naidenoff, Roy Nikisch y Oscar Castillo (FCC)

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La temática de la educación y en especial la educación superior es una cuestión central y estratégica de las políticas públicas para la Unión Cívica Radical (UCR). Históricamente la UCR ha defendido la más amplia autonomía universitaria. Asimismo, es portadora de los postulados reformistas de excelencia académica, participación democrática de todos los actores y función social de la universidad. Por ello, estuvimos en contra de los contenidos de la actual Ley de Educación Superior (LES) tanto en el momento de su sanción como a medida que se fue implementando, proponiendo en diferentes momentos diversas y sustantivas modificaciones legislativas o la total derogación de la LES.

La reapertura del debate sobre la Ley de Educación Superior propuesta por el oficialismo, luego de revisión del conjunto de leyes educativas – la N° 24.195, llamada Ley Federal de Educación y la N° 24.521, Ley de Educación Superior-, nos permite expresar en este Proyecto las propuestas vinculadas a nuestro partido.

No es objetivo de estos fundamentos analizar en profundidad la debacle acaecida en el sistema educativo, en gran medida, por la aplicación de las leyes de la época del Presidente Menem, dado que los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa muestran de manera dramática la ubicación de la Argentina entre los peores países por debajo de Uruguay, México y Chile.

Ya en aquellos debates, amortiguados por la reticencia de la mayoría representativa coyuntural, hicimos pública nuestra resistencia a dichas leyes, desde los lugares que nos proporcionó la democracia recuperada en 1983.

En inferioridad numérica desde los bloques opositores pronunciamos nuestras críticas hacia ese paquete de leyes y preanunciábamos la hecatombe luego concretada.

Hemos asistido a los debates de la reforma de Ley Federal de Educación, Ley de Financiamiento Educativo y la Educación Técnica, y sobre las mismas nos hemos expresado en las Comisiones y en el Recinto del Parlamento Nacional, con los aportes constructivos que considerábamos pertinentes.

La Ley de Educación Superior obstaculizó que las universidades resolvieran sus asuntos en un clima de autonomía con responsabilidad, estableciendo reglamentaciones minuciosas en lo institucional y lo académico y alternado en muchas oportunidades las voluntades mayoritarias de los asambleístas, impedidos de proceder en el marco de sus órganos de gobierno a la renovación de sus autoridades.

Los múltiples pedidos de las universidades de declarar inconstitucional aspectos contenidos en artículos a la Ley 24521 que fueran rechazados por la justicia en el contexto de la administración Menem, fueron revocados por sendos fallos de la Corte Suprema de la Nación, con una conformación diferente a la de aquella época. En ellos se reconoce la plena autonomía de las universidades y la gratuidad de los estudios de grado.

A partir de este somero diagnóstico de la situación de la normativa universitaria vigente se realizará el fundamento del proyecto que presentamos desde dos dimensiones de análisis: la histórica, en el que se expresa el recorrido del andamiaje legal del sistema universitario, desde sus orígenes en el siglo XIV, hasta la actualidad, y la sincrónico, que intentará plasmar la propia visión legislativa, que contempla las aspiraciones de los actores relevantes del sistema y los desafíos y compromisos inherentes de la universidad en un mundo global.

Este Proyecto surge de la voluntad de los legisladores de la UCR de presentar un Proyecto de Ley teniendo en consideración los Proyectos de la Diputada Alicia Tate (MC) y otros (expediente 3326-D-07) y del Diputado Hugo Storero (MC) y otros (expediente 5571-D-07) e incorporando los nuevos lineamientos en materia de legislación universitaria.

La normativa en la historia de las universidades argentinas: En una de sus visitas a la Argentina, Unamuno era reclamado por los periodistas para analizar los acontecimientos de la universidad. Se le preguntaba sobre las complejidades del sistema dada la crisis por la que se atravesaba en ese momento. La pregunta concreta era: “¿qué pasa en las universidades?”. La respuesta de Unamuno fue contundente y nos permite abrir estos párrafos desde su precisa interpretación: “En la universidad no importa lo que pasa, en la universidad lo que importa es lo que queda”.

Y lo que queda en las universidades, particularmente en la Argentina luego de la reforma universitaria de 1918, es el principio de autonomía, que al final del siglo, en 1994, se consagrara plenamente en la Constitución Nacional. Esto implica que las universidades se dieran su autonomía institucional, funcional, constituyente, normativa, política y académica.

El prestigioso académico, Rama, sostenía que en 1918: “El objetivo político fue, en función de criterios de libertad académica y de creación de espacios de poder, restarle sucesivamente poder a los gobiernos, para transferírselos a las Universidades y a partir de ello ir construyendo instituciones autónomas en el marco de una nueva cultura urbana progresista. Algunos de estos procesos derivaron en la construcción de “repúblicas universitarias”, en ese camino de irle quitando soberanía a los Estados y construyendo la autonomía en términos prácticos. La política nacional y la presión estudiantil fueron motoras de la negociación y de la redistribución de las cuotas de poder que se fueron transfiriendo paulatinamente hacia las Universidades en toda la región durante todo el siglo XX. El fin de ese ciclo fue complejo y diverso en la región. En casi todos los países, la autonomía alcanzó primero un reconocimiento político, luego legal y finalmente Constitucional (…) No fue una política estratégica de los Estados, sino un claro resultado de los cambios en la correlación de fuerzas en la sociedad”.

Resulta relevante traducir en breves párrafos la cronología normativa que acompañó el desempeño de las universidades, desde los finales del siglo XIX.

1) En el año 1855 el Senador Avellaneda impulsó la ley 1.597, que llevaba su nombre y se mantuvo vigente hasta 1946. Los golpes militares iniciados a partir de 1930, van a incorporar en su estructura modificaciones que no van en detrimento de su sustancia, por lo que se puede afirmar que su carácter de “ley marco” de solamente cuatro artículos, se dirigía a delinear los principios fundamentales que las universidades (al momento de su sanción eran sólo dos nacionales, Córdoba y Buenos Aires, luego se crearían La Plata, Tucumán, Litoral y Cuyo) incluirían en el dictado de sus estatutos, en función de la autonomía, tanto en lo inherente al aspecto institucional, como al político de la elección de autoridades.

Como la ley no evidenciaba luces sobre las intervenciones a las universidades, a partir de los ’30 y con varias casas en pleno funcionamiento, se iban a suceder modificaciones en los componentes del gobierno, que oscilaba luego de la reforma del año 1918, desde un porcentaje estudiantil de relevancia, hacia un aumento acentuado del claustro de profesores, en revelación al cambio estatutario que provocaba cada intervención al sistema.

2) En el año 1947 el Congreso Nacional sanciona la ley N° 13.031, conocida como “Ley Guardo”, relacionada con su inspirador, en esos tiempos también presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Diferenciada notoriamente de la “Ley Avellaneda”, la “Ley Guardo” tiene un carácter fuertemente reglamentarista, encerrado en sus casi 120 artículos. Propone detalladamente formatos tanto de facultades, como de universidades, reglamenta el régimen de profesores, la carrera docente, becas, patrimonio administración recursos, etc.

A poco tiempo de la conclusión del primer gobierno de Perón el Congreso sancionó la ley 14.297 de escasa duración, que acentuaba las competencias del P.E.N sobre las decisiones universitarias.

Luego de la salida del peronismo el gobierno dictó el decretó ley N° 6.403/55, en la dirección de fortalecer el concepto de “autonomía”. Diversos autores coinciden que el período 1955 a 1966 se establece el máximo rango consagratorio a la expresión más acabada de autonomía universitaria en la República Argentina. En dicho período no fueron intervenidas por el P.E.N y los sucesivos gobiernos, en particular el que correspondió a la Unión Cívica Radical entre 1963 y el golpe militar de 1966, de Arturo Humberto Illia, gozaron de los mejores presupuestos universitarios de la historia nacional.

El golpe militar de 1966 iba a interrumpir esta etapa: todas las universidades fueron intervenidas y el decreto ley N° 17.245/67, llamado “Ley Orgánica de las Universidades Nacionales” retrotrae a la pérdida de la autonomía y repite el modelo reglamentarista. Los consejos académicos se integraban sólo por profesores – mayoría de titulares y minoría de adjuntos, 5 y 2 respectivamente- no tenían representación los graduados y los estudiantes contaban con un solo representante, con voz, sin voto y sin número para el “quórum”. Estudiante que a su vez debía contar con determinados requisitos de cursados y de calificación por lo que, en ninguna universidad se integró estudiante alguno entre el período 1967- 1974.

Con la recuperación de la democracia en 1973 el Congreso Nacional promulgó la ley N° 20.654 y se puede definir a la misma como una ley síntesis entre lo escueto de las primeras leyes (caso Avellaneda) y el reglamentarismo de la ley Guardo o la del año 1967.

La elección de autoridades es privativa del sistema y se abre el capítulo de autogobierno y cogobierno, con la inclusión de los claustros excluidos y la novedad de la representación de los no docentes, con voz y voto, salvo en temas de exclusividad académica. Retomó el sistema de concursos públicos de oposición y antecedentes para la cobertura de cargos docentes, designando el Consejo Superior o propuesta del Consejo Académico.

Con el nuevo golpe militar de 1976 la ley 21.276 vuelve a incluir al P.E.N en las máximas decisiones, dado que el gobierno y la administración son ejercidas por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y las autoridades universitarias electas por el propio Ejecutivo Nacional. En este período se viven los años más desesperantes en nuestra historia nacional: el terrorismo de estado, la eliminación y desaparición de personas, el exilio forzado de numerosos argentinos son el telón de fondo de la propia universidad, que absorbió, en buena medida, la sumatoria de atrocidades que se cometieron por parte de la dictadura militar.

En el nuevo retorno de la democracia, ocurrido en 1983, la universidad se encontraba en su peor momento, tanto en la vida académica como institucional. El decreto 154/83 restableció la vigencia de los estatutos vigentes al mes de junio de 1966. Retornó el cogobierno universitario, la más amplia libertad de cátedra, la reincorporación de docentes cesanteados por razones ideológicas. Se rehabilitaron los Centros de Estudiantes y se revisaron los concursos ocurridos durante el proceso militar.

La llegada de los ’90, con su impronta neoliberal produjo el dictado de tres leyes perniciosas para el sistema educativo en su conjunto y de las que hicimos alusión al comienzo de estos fundamentos.

En el presente, es diferenciado el escenario de aplicación de la Ley 24521, habida cuenta del tratamiento asimétrico que se produjo dentro del sistema. Algunas universidades iniciaron acciones judiciales y otras adoptaron de forma aleatoria sus estatutos, generando una profunda asimetría en el plexo universitario, lo que reclama la mayor de las prudencias en el tratamiento, y posterior dictado, de una norma que rija los destinos de las universidades, en lo deseable, por un período prolongado.

El proyecto que se eleva a consideración del Honorable Congreso de la Nación intenta rescatar aquellos temas que el propio sistema universitario ha valorizado o revalorizado e introducir algunas cuestiones tendientes a colocar en su real dimensión los principios consagrados en la reforma de 1918 y en la Constitución Nacional reformada en 1994.

En primer lugar, este Proyecto regula todo el nivel de la educación superior, teniendo en cuenta en lo que respecta a los Institutos de Formación Docente y las instancias de formación profesional lo establecido ampliamente en las leyes de Educación Nacional Nº 26.206 con respecto a la formación docente y en la Ley Educación Técnico Profesional Nº 26.058, referido al nivel superior de esta modalidad de enseñanza. Asimismo, se considera que avanzar en otras cuestiones más reglamentarias supone avasallar las autonomía de las provincias que tienen la potestad de prestar y supervisar dicho nivel en sus respectivos ámbitos territoriales.

En la norma que presentamos se prioriza la necesaria articulación del sistema de educación superior que queda asegurada a través de la creación del Consejo Nacional para la Planificación de la Educación Superior (CoNPES) incorporando representantes del Consejo Federal de Educación (CFE), del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), del  Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP), de la Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otros.

A partir de allí se plantean los principios generales, recuperando las más enraizadas tradiciones del sistema e incorporando otros de nueva generación, de este modo se establece el ingreso directo, la gratuidad de los estudios de grado, la gestión democrática y colegiada, la articulación con los demás niveles y modalidades de la enseñanza y la función social de la enseñanza.

Se ratifica, en este Proyecto de Ley el carácter de bien público y derechos social de la educación superior. Los cambios introducidos en la Ley de Educación Nacional (LEN) en el 2006 ya habían considerado a la educación como bien público y derecho social y personal (Art. 2) y, en consecuencia, para diferenciarse de las propuestas neoliberales, la Ley expresa su oposición a toda forma de mercantilización de la educación (Art. 10).

En el caso de la educación superior, esta cuestión cobra un significado político especial ya que en el Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se liberalizó el comercio de servicios de educación, teniendo su mayor impacto en la educación superior. Desde la perspectiva económica, un bien público se define como un servicio u objeto que puede ser consumido por algún o algunos individuos sin reducir las oportunidades de otros en cuanto a su consumo o disfrute. El único rasgo distintivo de los bienes públicos es la inclusión de todos. Un bien público solo puede ser provisto por una entidad cuya naturaleza haga imposible la exclusión de individuos por diversos motivos, por consiguiente estos bienes son provistos por el Estado.

Se propone un cambio fundamental con respecto a la ley vigente, en el principio de la autonomía, entendiendo que éste es aplicable a las Universidades Nacionales tal cual como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 19. A su vez, el convencional Humberto Quiroga Lavié, en su condición de miembro de la comisión redactora, manifestó que: El texto habla de autonomía y utiliza esa sola palabra, que se puede desagregar, por supuesto. Se puede hacer referencia a la autonomía institucional, a la económica, a la financiera, a la administrativa, a la académica. Pero si aquí se menciona solamente la autonomía, cada vez que el gobierno de la nación quiera desconocerla, al menos yo voy a sostener que está desconociendo cualquiera de esos niveles de autonomía citados, porque en esta palabra estarán incluidas las autonomías institucional, académica, económica y financiera. No puede ser de otra forma. La autonomía institucional también, pero no le voy a negar al Congreso la posibilidad de que dicte una ley universitaria y de base. Eso sería como negar la historia de las atribuciones federativas de la República” (Convención Nacional Constituyente Diario de Sesiones pág. 3263).

Como establece el fallo de la Corte Suprema de la Nación (M. 976. XXXV. Ministerio de Cultura y Educación – Estado Nacional s/ art. 34 de la ley 24.521): “Que de lo trascripto en los párrafos anteriores surge que la autonomía universitaria está fuertemente ligada a los objetivos y fines que la institución cumple en el desarrollo de la sociedad, cuyo nivel máximo se encuentra en el ejercicio de la libertad académica en el proceso de enseñar y aprender. En tal sentido, la autonomía y la autarquía en tanto independencia en la administración y gestión financiera, traducida en la capacidad para manejar los fondos propios deben posibilitar que la universidad represente una institución básica de la República. Al mismo tiempo integra la trama institucional, pertenece al sistema educativo nacional y, por lo tanto, está inmersa en el universo de las instituciones públicas.

Aunque las Universidades Nacionales son autónomas, se considera necesario constituir instancias de coordinación del sistema, por ello se plantea la existencia de un Consejo Nacional de Universidades, del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. En los casos en que los miembros pertenecen a instituciones públicas y privadas, se jerarquiza la participación de las primeras ya que cumplen un papel primordial en la democratización de este nivel de enseñanza y albergan más del 80% de la matrícula universitaria. Asimismo, se incluyen por primera vez, representantes de los estudiantes y de los gremios docentes y no docentes en el Consejo Nacional de Universidades.

En el marco de las autonomías universitarias, el presente proyecto promueve la formación de ciudadanos comprometidos con la comunidad y el sistema democrático y con capacidad crítica frente a la sociedad y el Estado, brindándoles contenidos que les permitan difundir y practicar  los valores éticos de libertad, igualdad, solidaridad, no discriminación y respeto de los derechos humanos.

También se introduce un capítulo íntegro destinado a la garantía de la calidad, con la participación la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria (ANCEU) como organismo descentralizado del Ministerio de Educación en reemplazo de la actual CONEAU reforzando nuevamente en su integración la voz de las universidades nacionales. Por otra, no se permite la existencia de agencias acreditadoras privadas. Se reafirma la potestad exclusiva de las instituciones universitarias para el otorgamiento, tanto de títulos habilitantes de grado, como de posgrado.

Para el ámbito de la educación superior (Institutos de Formación Docente y de Formación Profesional) en lo que refiere a los parámetros de evaluación que garantizarán la calidad de la enseñanza este proyecto estipula la creación de la Agencia Nacional de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior (ANCIES).

Ya en lo referido al ámbito de las instituciones universitarias nacionales y a los efectos de plasmar realmente su autonomía y por lo tanto su potestad de dictar sus estatutos se les reconoce esta capacidad y de ponerlos en ejecución con la sola publicación en el Boletín Oficial, no pudiendo intervenir el Poder Ejecutivo Nacional en forma previa, sino posterior activando el control por parte del Poder Judicial.

En este sentido, el presente proyecto incorpora un apartado específico detallando los derechos básicos de los docentes, estudiantes, graduados y no docentes.

Asimismo, como un innovación destacada de este Proyecto de Ley, se propone la creación de un organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Educación a los fines del fomento y desarrollo integral del sistema universitario tendientes a la mejora de la calidad y pertinencia de las instituciones universitarias nacionales con el nombre de Instituto para el Desarrollo de la Educación Universitaria Nacional (IDEUN). Cabe destacar que entre los objetivos de este organismo se promueve; por un lado, el logro de una real igualdad de oportunidades y posibilidades educativas atendiendo a los problemas de permanencia de los estudiantes en el sistema y el logro de niveles de calidad equivalentes en distintas instituciones de diferentes subsistemas; por otro, mejorar los mecanismos de vinculación entre la universidad y la sociedad, fomentando la integración sistemática de las universidades en las redes de actores para el desarrollo local a través de acciones de extensión y voluntariado social universitario y promover el desarrollo de proyectos que mejoren la transferencia de la investigación al sector productivo, principalmente a la pequeñas y medianas empresas (Pymes) a través de mecanismos tales como los parques científicos tecnológicos y las incubadoras de empresas.

El logro de dichos objetivos se concretaran en Proyectos especiales dirigidos al desarrollo de líneas estratégicas de políticas públicas para el sistema universitario y de Contratos de Programas Plurianuales celebrados con las instituciones universitarias nacionales en ejercicio de su autonomía y en el marco de su Plan Estratégico para el financiamiento de su proyecto de desarrollo institucional que deberá tener en cuenta necesidades nacionales y regionales prioritarias, y las mejoras recomendadas en los procesos de evaluación externa y acreditación de carreras un instrumento esencial para establecer prioridades es contar con información fiable y actualizada sobre el sistema por ello, este Instituto también se encargará de realizar estudios e investigaciones sobre el seguimiento de la inserción de profesionales; la vinculación de las instituciones universitarias con el aparato productivo; el mapa de la oferta de educación superior; los análisis de costos e inversiones y los estudios de demanda de la educación superior.

En lo que hace al régimen patrimonial y de recursos se propone asegurar un aporte financiero no menor al uno y medio por ciento del Producto Bruto Interno. Además, para asegurar una real igualdad de posibilidades se establece la necesidad de un sistema de becas a los estudiantes que demuestren aptitud suficiente y que por razones económicas no pudieren acceder o continuar los estudios universitarios, con financiamiento presupuestario no inferior al cinco por ciento del presupuesto universitario total.

Por otra parte, se plantea la necesidad de que las instituciones universitarias nacionales deban contar con órganos internos de control por fuera de lo establecido por la Ley 24.156, por el carácter autónomo de ellas y fuera del ámbito de la administración centralizada o descentralizada; y el externo a llevarse a cabo por la Auditoria General de la Nación.

Respecto a la creación de las Universidades privadas el presente proyecto estipula que las mismas se ajustarán a un  régimen de autorización provisoria, otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación y la autorización definitiva será concedida por Ley del Congreso de la Nación, previo dictamen de la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación Universitaria.

Finalmente se aborda la regulación en lo referido a lo relacionado con las instituciones universitarias provinciales y extranjeras.

En síntesis, el proyecto intenta recuperar la mejor tradición autonómica de nuestras universidades que supone una concepción contemporánea de universidad que reúne en una misma institución dos actividades básicas de la sociedad civil moderna: la transmisión de los conocimientos del nivel más alto a que haya alcanzado la correspondiente rama del saber y la creación de conocimientos originales en cada una de las disciplinas cuya enseñanza se imparte. Uno de los requisitos necesarios para el desarrollo de ambas actividades está constituido por la existencia de una amplia autonomía académica, tanto en la relación de las universidades con el estado como en el interior de cada universidad misma. Mediante la garantía que otorga la concesión de una autonomía integral para la elección y elaboración de los temas y las disciplinas cuya enseñanza es considerada indispensable, y mediante la concesión de la más amplia libertad para seleccionar los problemas y los métodos que los científicos se proponen investigar, así como por la vigencia para profesores y estudiantes de la más amplia libertad de expresión por los medios apropiados de comunicación y publicidad, la universidad se asegura el desarrollo de la docencia y de la investigación sin interferencias provenientes del poder político, de las cosmovisiones religiosas o ideológicas, o de los intereses del poder económico, corporativo o gremial.

Las Universidades Públicas que gozan de una amplia autonomía como instituciones sociales dedicadas a la producción y difusión de conocimientos tienen como contracara la responsabilidad de dar respuestas a la sociedad acerca de cómo: incrementar la cantidad y calidad de la producción científica; favorecer la participación de otros sectores de la sociedad en programas de desarrollo; crear nuevos instrumentos para acercar las acciones de las universidades al mundo del trabajo y transferir conocimientos al Estado para la formulación e implementación de políticas públicas. Todos estos son claros ejemplos de acciones que coadyuvan al logro de la pertinencia social de las universidades, y que no provienen ni suponen demandas del mercado.

Permítannos antes de finalizar estos fundamentos recordar algunas palabras del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria en donde los estudiantes, se revelaban frente a la mediocridad académica señalando:

“(…) si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son –y dolorosas– de todo el continente”.

Entonces que la rebeldía que estalló en Córdoba hace 92 años sea la que nos anime a realizar un debate fructífero sobre la regulación que debe regir para nuestras universidades y nos alumbre en la búsqueda constante de mejores propuestas y aportes para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

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